20 de marzo de 2019.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de los EREs y de los cierres de fábricas que se están produciendo en el sector electrointensivo por su “política industrial irresponsable y sectaria que genera desconfianza e inseguridad”.
Algo que, ha lamentado, ha llevado a que Alcoa también se plantee cerrar su planta de Lugo. “El Gobierno del PSOE, incapaz de mantener una interlocución razonable con el sector industrial y con el PP, que es la principal fuerza política del Congreso, y con una influencia nula en el contexto europeo, pone en peligro los puestos de trabajo de 2.000 personas”, ha subrayado.
Y lo hace entre otras cosas, ha relatado, con “un Estatuto del Consumidor Electrointesivo, impulsado por el Ejecutivo de Sánchez, que no es viable ni factible, ya que no ha sido aprobado previamente por Bruselas”, lo que tendría como consecuencia inmediata “una apertura de expediente por ayudas de Estado ilegales a España, que obligue a las empresas a devolver esas exenciones finalmente en el futuro”.
Según ha contado el portavoz popular, “el borrador del Real Decreto que desarrolla el Estatuto dice que las empresas electrointensivas estarán exentas en su factura eléctrica de los pagos por capacidad y del coste de la interrumpibilidad, que es lo que estaba encima de la mesa con el Gobierno del PP, pero este tipo de medidas deben ser comunicadas a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea para evitar ser designadas como ayudas de Estado ilegales y que se abra un expediente sancionador a España”.
Se trata, ha denunciado Guillermo Mariscal, “de una medida más con la que este Gobierno pone en riesgo la competitividad de la industria española y miles de puestos de trabajo a cambio de obtener unos cuantos votos más”.
En este sentido, ha recordado que “en diez meses de Gobierno, Pedro Sánchez ha incrementado la factura eléctrica en un 5%, ha recortado las ayudas a la gran industria para compensar los costes de CO2 en 118 millones y tiene un déficit eléctrico previsto para este año de 450 millones de euros, rompiendo la tendencia positiva de superávits que dejó el PP”.
“El Ejecutivo del PSOE lleva 10 meses adoptando medidas en el terreno laboral, fiscal y energético que han generado rigideces, perjudicado a nuestra industria y la creación de empleo, en lugar de preparar a España en el proceso de transición energética hacia una descarbonización de la economía”, ha señalado Guillermo Mariscal, quien ha indicado que “las iniciativas adoptadas por el Gobierno han supuesto un cheque en blanco para una política energética poco ambiciosa, que ha empeorado la competitividad de la industria, destruyendo empleos y que ha ideologizado y demonizado a algunas tecnologías”.
Frente a ello, Mariscal ha defendido las propuestas del PP que “implementan políticas sólidas y factibles, y que permiten una transición energética de manera inteligente y sostenible, minimizando el impacto económico sobre las familias y las empresas”.
Un ejemplo de ello, ha explicado, es la eliminación de manera indefinida del impuesto sobre la producción eléctrica, que supone un 7% del precio, que el PSOE ha rechazado.
“Cuando el Partido Popular vuelva al Gobierno, asegurará una energía competitiva para crecer y crear empleo, ya que es clave para el bienestar de las familias, para que las empresas sean competitivas y se impulse el crecimiento económico y el empleo de calidad”, ha concluido Guillermo Mariscal.