El diputado del GPP Francisco Conde destaca que la industria electrointensiva supone en nuestro país el 14,7% del PIB, genera casi tres millones de empleos directos y el 13,3% de ocupados.
Reclama al Ejecutivo que garantice también la competitividad de la planta de Alcoa en la Mariña, al tiempo que lamenta que el Gobierno se haya convertido “en un problema para Galicia, Asturias, Cantabria y para el resto del territorio donde tenemos industria electrointensiva”.
“El Gobierno que prometía la transición ecológica ha acabado siendo el de la parálisis industrial y renovable”, censura, toda vez que resalta que la escalada de los precios de la energía ha llevado a esta industria a una pérdida progresiva de la competitividad, que se ha traducido en recortes en la producción o en su deslocalización hacia otros países.
Denuncia que el precio final que tiene que asumir la electrointensiva en España es tres veces superior al de Francia y dos veces superior al de Alemania, al tiempo que afirma que el Gobierno es “la nada” en materia industrial por su incompetencia para establecer un precio estable y competitivo, tres años después de la aprobación del Real Decreto que regula el Estatuto de estos consumidores.
La iniciativa del GPP exige modificar dicho Estatuto e incrementar las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos por compensaciones de CO2, pasando de los 300 millones comprometidos por el Gobierno a los 896 millones que permite la Comisión Europea.
La propuesta del Grupo Popular aprobada en Comisión también pide al Gobierno “agilizar la tramitación y activación de subastas específicas de energía renovable para consumidores industriales intensivos en energía”.