Francisco Conde: “No es razonable que una multinacional como Altri, que prevé invertir 900M€ en Palas de Rei, siga sin tener una respuesta del Gobierno”
El portavoz de Industria afea al Ejecutivo que siga sin dar certezas a esta fábrica de fibras textiles, que lleva dos años trabajando para asentarse en Galicia y crear 2.500 empleos en la provincia de Lugo.
Con el fin de arroyar luz a las empresas, Conde ha pedido al Gobierno devolver la gestión de los fondos europeos en materia industrial a las Comunidades Autónomas, pues “desde que el PSOE y sus socios de coalición llegaron al Gobierno, su estrategia ha sido dejarlas al margen”.
“Lo han hecho también en el diseño de los PERTE. Con este Gobierno ni diálogo, nin consenso, ni cogobernanza”, afirma.
Critica al Ejecutivo por haber establecido criterios alejados de la realidad del tejido industrial, a sabiendas de que muchas empresas no los podrían cumplir, especialmente las PYMES, y que no se hayan contemplando determinados proyectos tractores, que supondrían una oportunidad para muchas CCAA en la medida en que se pudiera disponer de fondos europeos.
Conde argumenta “el fracaso” del Gobierno en política industrial con los siguientes datos: después de 3 años, tan solo se han comprometido el 22,01% de los 42.480€ asignados a los PERTE (9.350M€); en el sector de automoción, en el mismo perídos y después de tres ministros, están sin adjudicar 1.792M€; en el sector naval y en el sector agroalimentario tan sólo han adjudicado 1 de cada 3 euros, con 1.169M€ bloqueados en los Ministerios. Así mismo, se ha tardado más de un año en publicar la primera convocatoria del Perte de descarbonización y más de la mitad de los 3.100M€ previstos en este PERTE ni tan siquiera están convocados.
Lamenta que, “con el PSOE y su coalición de gobierno, algunas CCAA como Cataluña salgan notablemente beneficiadas en detrimento de otras como Galicia, generando así una clara discriminación territorial y, en consecuencia, una inseguridad jurídica a los empresarios”. A modo de ejemplo, ha citado las ayudas discrecionales de 29 y 90 millones de euros concedidas a las comunidades catalana y valenciana, respectivamente, en detrimento de otras regiones como puede ser Galicia.
