18. oct. 2016.- El Congreso de los Diputados ha reiterado hoy su voluntad de continuar con la política de control e inspección destinada a perseguir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada INDNR-IUU. El portavoz popular de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, ha afirmado que España, fuertemente ligada a los mares y océanos, “está comprometida con la conservación de este medio y apoya aquellas iniciativas dirigidas a preservar ese importante bien común, por lo que perseguir todo tipo de pesca ilegal debe ser una prioridad para todos los gobiernos, y el que preside Rajoy así lo está haciendo manteniendo un control integral de la actividad pesquera para asegurar una gestión sostenible de los recursos”.
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja ha aprobado una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, defendida por el diputado Joaquín García Díez, en la que se ha asegurado que España ha pasado de ser considerado un país infractor (con dos sanciones por la sobrepesca de la caballa de 2009 y 2010) a liderar de manera indiscutible el control de la pesca ilegal a nivel mundial y comunitario.
La iniciativa aprobada hoy es similar a la ya ratificada en la breve XI Legislatura, debatida hace 6 meses, y en ella se reitera la necesidad de que el Congreso siga impulsando y apoyando todas las medidas necesarias para combatir la pesca ilegal.
Para el portavoz de Pesca del GPP, el Gobierno de Mariano Rajoy, con los cambios introducidos en 2014 en la Ley de Pesca Marítima del Estado, posicionó a España como un país serio y creíble en materia de control de pesca, y lo ha hecho trabajando en varios frentes, por un lado con un gran refuerzo en la capacidad sancionadora, pero también trabajando en cuestiones importantísimas impulsadas por la FAO, como la creación del Registro Mundial de Buques de Pesca, o con iniciativas como el observador electrónico y de transparencia en la actividad pesquera internacional, medidas de conservación, con la participación en foros internacionales de lucha contra esta pesca ilegal y colaborando con organizaciones internacionales como FAO y ONGs, medioambientalistas, para potenciar la verificación de las licencias privadas a través de nuestras Embajadas o actuando frente a nacionales enrolados en buques incluidos en lista de buques que practican la pesca INDNR.
Según García Díez, España es hoy un modelo a seguir en la lucha contra la pesca INDNR-IUU y ha contrastado esta situación con la heredada del gobierno del PSOE, en la que pesaba sobre nuestro país una seria advertencia de la Comisión Europea por las graves deficiencias detectadas en el sistema español de inspección que podía haber derivado nuevas sanciones y que, además, podrían haber debilitado y restado credibilidad a la administración española en un momento crucial en el que se estaba negociando en Bruselas la nueva política pesquera común y su dotación presupuestaria para los próximos 10 años.
Balance
Entre otras cuestiones, el diputado popular ha subrayado que en el área de control se ha trabajado para llevar a cabo el seguimiento de la actividad pesquera 24 horas al día, 365 días al año, de más de 2.000 buques españoles, en cualquiera de los mares del mundo. Y también de los buques extranjeros, cuando pescan en aguas bajo jurisdicción nacional.
En el área de Inspección Pesquera, García Díez asegura que se cuenta con medios humanos, marítimos y aéreos, para cumplir con las obligaciones y que se trabaja en un clima de excelente de cooperación con las inspecciones de otros organismos de la Administración Central (principalmente la Armada y la Guardia Civil) y las Comunidades Autónomas.
El portavoz popular ha enfatizado que en el área que se ocupa de la lucha contra la pesca ilegal, que verifica la legalidad de los productos de la pesca de terceros países, se están gestionando más de 40.000 expedientes al año y que España “es hoy el Estado miembro que realiza un mayor número de controles y que lleva a cabo un mayor número de denegaciones. Concretamente, más del 50% de las denegaciones que se realizan en la Unión Europea tienen lugar en España, a pesar de que los envíos a nuestro mercado representen sólo el 20% del total de las importaciones al mercado comunitario”.
García Díez ha explicado que, desde que se debatió hace seis meses una iniciativa similar a ésta, el Gobierno ha seguido trabajando y en el mes de agosto de este año el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado un expediente para depurar las responsabilidades en relación con la participación de personas físicas y jurídicas españolas en la propiedad, gestión y explotación de los buques Viking y Seabull 22, una iniciativa enmarcada en la Operación Sparrow 2, que continúa la senda marcada con la Operación Sparrow, que ya desembocó en un expediente sancionador por el que el Ministerio impuso sanciones por un valor superior a 16 millones de euros, inhabilitaciones para el ejercicio de actividades pesqueras de entre 5 y los 23 años y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas durante periodos que van entre los 5 y los 26 años, por la vinculación de personas físicas y jurídicas españolas con los 4 buques sancionados.
El portavoz de Pesca del GPP ha subrayado la importancia que ha supuesto como herramienta de lucha contra la pesca ilegal la modificación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, modificada por la ley 33/2014, que tipifica como infracción “muy grave” la participación en la explotación, gestión y propiedad de buques apátridas, o buques de países terceros identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales. La Ley prevé ahora sanciones entre 60.001 y 600.000€, así como la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras, la pérdida de las licencias de pesca o la prohibición para obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.
Joaquín García concluyó afirmando que todas estas actuaciones ponen de manifiesto la firme voluntad de España de continuar siendo una referencia internacional en la lucha contra la Pesca Ilegal, aplicando una política de “tolerancia cero” ante la detección de este tipo de prácticas, no sólo en cuanto a los buques de bandera española, también en lo relacionado con actividades de sus nacionales en cuanto a buques apátridas o con bandera de terceros, en cualquier parte del mundo.