12, dic, 13.- El senador lucense Armando Castosa, ponente del Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, aseguró hoy, en el pleno celebrado en la Cámara Alta, que esta norma es “un paso más” en la política reformista desarrollada por el Gobierno Rajoy y que tiene “objetivos claros”: mejorar la competitividad y favorecer el crecimiento económico y el empleo.
Según explicó el senador popular, lo que necesita el país en este momento es que las administraciones públicas “no sean un problema sino una solución” y que, sobre todo, “generen confianza en el conjunto de la sociedad española”.
En su opinión, este Proyecto de Ley “es bueno para nuestras administraciones públicas, para el conjunto de la ciudadanía y para España”; y recalcó que “supondrá un importante avance para asegurar la transparencia en las contrataciones que realicen las administraciones”.
Así, indicó que el “espíritu” y “objetivos” de esta Ley consisten en asegurar que las administraciones públicas “paguen en tiempo y plazo”, es decir, erradicar la morosidad y, por consiguiente, “sentar las bases de un cambio estructural en su funcionamiento”. Añadió a este respecto que la nueva normativa “pretende controlar y reducir la deuda comercial de las administraciones, suministrar liquidez a las empresas e incrementar la transparencia en el cumplimiento por parte de las administraciones públicas”. Se pretende, en definitiva, apuntilló, “aumentar la eficiencia de la gestión pública”.
Durante su alocución, Armando Castosa justificó la disposición del Grupo Parlamentario Popular a rechazar las enmiendas presentadas por los demás grupos políticos porque su inclusión, en unos casos, “dificultaría y entorpecería la agilidad y el automatismo que busca la norma” y, en otros, “no aportaría ninguna mejora en lo que se refiere a la salvaguardia de los servicios públicos que”, según subrayó, “queda garantizada con la aprobación de esta Ley”. No obstante, agradeció su aportación y señaló que “estoy seguro que todas ellas han sido elaboradas con la mejora intención”.
El senador lucense destacó por su parte que las enmiendas presentadas por el GPP posibilitan que las entidades locales puedan aplicar los remanentes o el superávit disponible en 2014, al no poder haberlo hecho durante este ejercicio, precisamente por la tramitación de esta ley, aunque, eso sí, siempre que cumplan los límites que fije la legislación de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.