Madrid, 14 de diciembre de 2010.- El PSOE ha impedido hoy que el Congreso tome en consideración una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular dirigida a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales del sector lácteo.
Al debate ha asistido el conselleiro de Medio Rural de Galicia, Samuel Juárez, que ha participado activamente en la redacción del texto con el fin de hacer realidad una demanda del sector: la obligatoriedad de un contrato de compra que garantice un precio de la leche digno para los ganaderos.
Los populares lamentan que el PSOE se haya opuesto a este intento de regulación tan demandado por el sector y que, además, pretendía legislar temas de máxima importancia como prever un período suficiente de preaviso en caso de que el comprador decida suspender la recogida de leche en una explotación o que el productor decida cambiar de comprador o abandonar la producción.
Juárez indicó que “los contratos de obligatoriedad no sólo son buenos para los productores, para garantizarles unos precios mínimos y una seguridad en la recogida, sino que aportan elementos de certidumbre y seguridad jurídica y ofrecen estabilidad a todos los integrantes de la cadena comercializadores de la leche garantizando el suministro”.
El conselleiro lamentó que los socialistas hayan decidido dejar al resto de los grupos políticos al margen de un debate que interesa enormemente en Galicia y apostar por un decreto en solitario que no podrá ser mejorado por ningún grupo y que, además, carece de un régimen sancionador que garantice su cumplimiento.
Al término del debate, en declaraciones a los periodistas, Samuel Juárez aseguró sentirse “excéptico” sobre cómo el Gobierno garantizará el cumplimiento de la obligatoriedad de los contratos y señaló que ésta ha sido una ocasión perdida por el Ejecutivo de Zapatero para implantar una cultura de contratos que los productores necesitan con urgencia. “No es gratuito que nosotros presentáramos esta Proposición de Ley, es que sin régimen sancionador es difícil dar obligatoriedad a nada, y además esta fórmula hubiera permitido que se recogieran las aportaciones y mejoras de todos los grupos políticos”, señaló.
Tras recordar que el decreto del Gobierno se anunció como reacción a la Proposición de Ley presentada por el PP, Juárez declaró que “es una lástima que el Gobierno ni haga ni deje hacer en relación al sector lácteo”.
Por su parte, los diputados gallegos del PP lamentaron también que el PSOE se haya opuesto a esta medida escudándose en que el Gobierno está preparando un decreto del que no se sabe nada y que contemplará la obligatoriedad de los contratos. “No se trata de ver quién se apunta el tanto político, sino de trabajar a favor de los ganaderos y esta Proposición de Ley es mejor que el decreto porque ofrece a todos los partidos la posibilidad de aportar mejoras y participar”, subrayaron.
La Proposición de Ley tenía como puntos más destacados, de un lado, imponer la obligatoriedad de los contratos entre los productores de la leche y los primeros compradores, es decir, que haya una regulación de los contratos para que sean obligatorios y, en segundo lugar, fomentar la negociación colectiva entre los productores de la leche y los propios compradores.
Los productores están vendiendo la leche a un 5% por debajo del precio medio de la UE, lo que no cubre los costes de producción, y el funcionamiento de los contratos de homologación está siendo absolutamente insuficiente, ya que tan solo cubren el 25% de la cuota láctea.
La iniciativa del PP pretendía que los contratos contuvieran el precio inicial así como los sistemas de ajuste en función de referencias, la identificación de las partes contratantes, la duración de los contratos, los parámetros de calidad y las características de la leche, las modalidades y plazos de pago, los periodos de preaviso a los que estarán obligados tanto los compradores como los vendedores y las causas de rescisión del contrato. Asimismo, se regula en la iniciativa los sistemas de inspección y el régimen sancionador.
Juárez destacó que la iniciativa de los populares introducía, además, una de las principales reivindicaciones del sector: la posibilidad de que los productores puedan negociar conjuntamente con la industria y no únicamente a título individual. Los populares creen que “el Gobierno debe urgir a las instituciones comunitarias para que las negociaciones conjuntas sean posibles”.