Madrid 8 enero 2010.- El portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Joaquín García Díez, ha remitido una carta a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en la que le pide que realice las gestiones oportunas al máximo nivel ante la Comisión Europea y sus homologos comunitarios con el fin de solicitar para los armadores españoles una prórroga de seis meses en la aplicación del Diario Electrónico de Pesca (DEA).
García Díez afirma que el planteamiento seguido por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la implantación del Diario Electrónico de Pesca (DEA) “ha generado en el sector una situación de incertidumbre y lo que consideran un claro agravio respecto a las flotas de otros países”.
El PP subraya que el Gobierno no ha cumplido lo que prometió a los armadores, como lo recogido en la Orden Ministerial (ARM/3145/2009) que establecía que “la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura hará entrega, con carácter gratuito, a los buques de eslora total superior a 24 metros, previstos en el artículo 1.2, de una aplicación informática DEA para su instalación en el equipo informático previsto en el apartado anterior”.
García Díez, que anuncia que el PP llevará a cabo iniciativas parlamentarias para intentar apoyar a los pescadores españoles afectados, asegura que “son los incumplimientos de la ministra Espinosa los que han imposibilitado que desde el pasado uno de enero de este año los armadores españoles puedan realizar la trasmisión de la información del diario de abordo vía telemática”.
Los populares sostienen que la realidad contrastada es que la aplicación del software desarrollado no permite cumplir con la exigencia establecida y, por otra parte, que en algunos casos los equipos adquiridos no son compatibles con el software desarrollado.
Para el PP, que subraya “el enorme esfuerzo económico que han tenido que hacer los armadores”, la situación es especialmente complicada por la inseguridad jurídica generada a toda la flota, que ve como el incumplimiento de la reglamentación comunitaria y nacional puede acarrearle fuertes sanciones y que sólo tiene una alternativa: quedar amarrados a puerto.
En este sentido, García Díez recordó que la situación es aún peor para la flota que pesca en Gran Sol, que se ve controlada tanto por el estado miembro ribereño como por el país de bandera.
Los populares, antes de promover iniciativas parlamentarias tendentes a solucionar esta cuestión, han decidido intentar dirigirse a la ministra por carta para sensibilizarla de la situación y pedirle que negocie con la Comisión Europea, o bien que aproveche la presidencia española para que un Consejo de Ministros de la UE apruebe que durante los próximos seis meses no se exija a la flota comunitaria la transmisión electrónica del DEA.