Madrid, a 15 de abril de 2009.- El Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley que pretende modificar la Ley 9/2007 de 22 de junio sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras para solventar la situación en que quedarían muchas de estas embarcaciones al tener que ser dadas de baja en el Censo de la Flota Pesquera Operativa y el Registro de Buques.
El diputado lucense Joaquín García Díez, portavoz de los populares en la Comisión de Pesca, recuerda que en junio finaliza el plazo fijado por la ley para la regulación de los barcos y subraya que sólo en Galicia hay más de 2.500 embarcaciones que no cumple los requisitos y que, por tanto, en dos meses se verán obligados a dejar de faenar o hacerlo de forma ilegal.
Para los populares, es de vital importancia para el sector que se dé una solución a los pescadores cuyas embarcaciones presentan alguna irregularidad, bien en el material del caso, la potencia propulsora, las medidas de la eslora, manga, puntal o los valores de arqueo y que ahora ven que sus características no coinciden con las que figuran en los registros.
El PP, que ya cuando se debatió la Ley 9/2007 advirtió de la imposibilidad de que los pequeños armadores pudieran aportar bajas para la regularización de sus embarcaciones y fue el que consiguió que hubiese alguna excepción favorable a esta exigencia, entiende que la legislación es demasiado restrictiva para que la flota artesanal la cumpla y plantea que a los barcos de menos de quince metros no se les exija la aportación de bajas y que sea la Administración la que establezca un tope de potencia para los barcos.
García Díez subrayó, además, que para los buques de más de 15 metros se propone puedan aportar una sola baja para un conjunto de embarcaciones sin la necesidad, como ahora estipula la ley, de que los barcos sean del mismo censo y la misma modalidad pesquera.
El PP propone también que se amplíe el periodo de solicitudes establecido en el artículo 4 de la ley 9/2007.
El diputado lucense entiende que el Gobierno no fue sensible a las necesidades del sector. “Si el Ejecutivo no rectifica y acepta los planteamientos del PP mucho me temo que la ley del 2007, que no ha cumplido su objetivo, dejará una gran parte de los pescadores artesanales de Galicia amarrados en puerto y serán los que pagarán las consecuencias cuando en junio den de baja de oficio a sus barcos”.